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Conflicto en Guahory responde a intereses políticos y no sociales
Publicado: 06/14/17 10:09:a. m.

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Crasos errores del proyecto de ley habían motivado el veto del Ejecutivo

"El conflicto de tierras en Guahory responde a intereses políticos y no sociales", manifestó el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Lic. Justo Cárdenas.

Subrayó que para el ente rural, el tema Guahory es un caso cerrado, al asumir el Estado una deuda de 25.000 millones de guaraníes, firmando un contrato de compra-venta por las tierras de Yhú, Caaguazú, de manera a brindar solución urgente al problema social alojando a las familias campesinas de Guahory.

El Gobierno hizo llegar a las familias de Guahory la propuesta de reubicación en las nuevas tierras adquiridas, como una solución a la problemática, pero no todas han aceptado trasladarse, indicó. Agregó que unas sesenta familias se mudaron a Yhu, donde actualmente se están consolidando, con el apoyo de distintas instituciones públicas.

"Cuando el Estado hace una fuerte inversión económica, con un abordaje integral, brindando condiciones a las familias campesinas para el arraigo y éstas se niegan a aceptar la alternativa de solución, eso nos hace deducir que hay intereses políticos y no sociales en el caso", señaló Cárdenas.

Las 60 familias que se trasladaron a Yhú a principios de este año, hoy experimentan un cambio en su calidad de vida, mediante la inversión social en el lugar, y va camino a constituirse en una colonia fortalecida con los servicios básicos.

La nueva comunidad ya obtuvo sus primeras cosechas de productos para consumo familiar y de renta, con mercado seguro en la zona, destacó el titular del instituto.

Cárdenas dijo que “lo que queda en Guahory está en el campo estrictamente político. El Estado puso todas las condiciones para superar este reclamo. Se hizo un gran esfuerzo económico que se pagará durante este Gobierno y el próximo. Más de eso no se puede hacer”.

Finalmente, explicó que no se pudo censar a las personas que quedaron en Guahory, ya que cuando los técnicos del INDERT van al lugar, las familias no están allí.

Expropiación no tenía ningún sustento técnico

El Poder Ejecutivo vetó en marzo último el proyecto de Ley Número 5.805/2017, que “declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a los fines de la reforma agraria, para ser transferidas a sus actuales ocupantes, varias fincas de la Colonia Guahory, de los distritos de Tembiaporá y Raúl Arsenio Oviedo, del Departamento de Caaguazú”.

El presidente del INDERT había argumentado los motivos por los cuales el Gobierno se vio obligado a vetar el referido proyecto, sancionado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Señaló que el proyecto de Ley no se basó en un estudio técnico y constituye un contrasentido y un absurdo.

De acuerdo al mapa de Guahory, Cárdenas dijo que se comprobó que la mayoría de las tierras está titulada. "Volver a comprar esos lotes que ya fueron objetos de la reforma agraria, constituye un contrasentido; sería la primera vez en la historia que el Estado expropie lotes minifundiarios, de una o dos hectáreas, máxime cuando ya se ha comprado tierras en Yhú, que tienen una alta fertilidad y productividad, para brindar una solución integral a las familias campesinas de Guahory", había asegurado.

"Hemos sugerido con todos los argumentos técnicos que se vete esa Ley, porque finalmente ya se ha adquirido una superficie destinada a una nueva colonia, que hoy representa mayor calidad de vida para sus pobladores, están produciendo, ya tuvieron su primera cosecha de autoconsumo y tienen una fuerte presencia del Estado en el lugar, lo cual permite tener cultivos diversificados. Es decir, no se justifica expropiar. Se expropia normalmente un latifundio improductivo y que tenga un interés social, pero no tierras que sean de una hectárea o de dos hectáreas explotadas, representa un contrasentido aplicar esa Ley, sobre todo su espíritu que va de forma contraria a la interpretación correcta", afirmó Cárdenas.

El titular del ente rural explicó que el Estado paraguayo había comprado las tierras de Guahory en el año 1985, para fines de la reforma agraria. A partir del año '86 comenzó a expedir títulos de propiedad. "Y lo que se plantea con esa Ley es volver a comprar dichas tierras que el propio Estado había otorgado para volver a dárselo a otras personas y posiblemente pagar por ellas a precio de mercado", sostuvo.

Propietarios, beneficiados con anterior ley

Cárdenas indicó "que en su momento fueron sujetos de la reforma agraria los que recibieron las tierras. Pasaron 30 años y se pudo haber vendido. Los que recibieron originalmente fueron considerados en su momento sujetos de la reforma agraria, regimentados con la ley del año 1963 que permitía que un extranjero fuese sujeto de la reforma agraria. Eso se cambió en el año 2002. A partir de ese año la ley establece que solo pueden ser sujetos de la reforma agraria los de nacionalidad paraguaya natural, según la Ley, pero todo lo que se hizo antes está legalmente instituido".

"Hemos visto que desde el año 1986, al año siguiente en que el Estado haya adquirido esas tierras, ha emitido títulos, es decir que en el año ´96, transcurrido los diez años, pudieron haber vendido a un particular, una empresa o una sociedad anónima, a quien fuese y de forma legal y legítima, por eso hay que entender muy bien el proceso y verificar lote por lote, para saber cuál ha sido el procedimiento utilizado", enfatizó.

"La solución que hemos dado ha tenido dos vertientes: la primera, fue la recuperación de tierras públicas de esa misma colonia de manos de no sujetos de la reforma agraria, que estamos en proceso de reversar en la instancia administrativa y que pase a manos de los verdaderos beneficiarios; la segunda, fue la habilitación del asentamiento Teko Pyahú, que se adquirió para construir una colonia modelo", finalizó Cárdenas en su oportunidad.


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